El Gobierno vasco recurre al Constitucional la anulación del traspaso para validar títulos extranjeros

Tras una semana de deliberaciones, el Gobierno vasco ha optado por recurrir al Constitucional la anulación por parte del Supremo del traspaso a Euskadi de la competencia de homologación de títulos universitarios extranjeros. Esta competencia había sido reclamada de manera insistente por el PNV, que la veía como una vía para paliar el déficit de sanitarios que existe también en el País Vasco y, de hecho, se recogía de manera específica en el pacto de investidura suscrito por jeltzales y PSOE en noviembre de 2023.

El Tribunal Supremo anuló la semana pasada el real decreto por el que se traspasan a Euskadi las funciones y servicios de homologación de estos títulos, lo que impide agilizar la contratación de profesionales foráneos, especialmente en el ámbito sanitario, que es donde más urge.

Posible encomienda de gestión

Siete días después, el Gobierno Vasco ha decidido recurrir esta decisión ante el Constitucional y, además, está estudiando, junto con el Gobierno español, la opción de que Euskadi asuma una encomienda de gestión transitoria para dar salida a las 200 peticiones de homologaciones recibidas hasta el momento.

El traspaso de esta competencia se hizo efectivo en marzo del año pasando, siendo lehendakari Iñigo Urkullu, aunque cuatro meses después, en julio, el Tribunal Supremo decretó la suspensión cautelar del traspaso.

Según informó el Supremo, su Sala de lo Contencioso Administrativo ha dictado dos sentencias que estiman los recursos interpuestos por la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid y el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas contra el Real Decreto 366/2024.

“Competencia exclusiva”

El Supremo establece que la verificación para homologar títulos universitarios extranjeros debe ser “competencia exclusiva del Estado”, ya que requiere “comprobar la enseñanza gracias a la cual se han obtenido”, siguiendo la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional.

La resolución judicial determina que no caben traspasos de funciones y servicios a las comunidades autónomas “en los términos en que se ha efectuado por el Real Decreto 366/2024 y el Acuerdo que contiene”, al tratarse de una competencia ejecutiva estatal.

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La Sala concluye que, si para el Tribunal Constitucional “la actividad administrativa de verificación de las condiciones de expedición de títulos profesionales asociados a enseñanzas universitarias ha de ser competencia exclusiva del Estado, por las mismas razones ha de serlo la consistente en verificar la procedencia de la homologación de títulos universitarios extranjeros, ya que requiere comprobar la enseñanza gracias a la cual se han obtenidos”.