Euskadi y Canarias plantean un reparto de menores en tres meses y en base al PIB o la tasa de paro

El frente común entre Canarias y el País Vasco para favorecer un reparto “justo y equitativo” de los menores no acompañados se ha plasmado en un documento de dos caras que ambas comunidades han llevado a la Conferencia de Presidentes. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el lehendakari, Imanol Pradales, plantean que el reparto se realice vía decreto y en base a cinco criterios: población, PIB per cápita, tasa de desempleo, media de acogidos por cien mil habitantes en los últimos seis meses y total de menores acogidos en los cinco años previos.

Los dos presidentes han llevado el documento a la cita de este viernes en Santander, y han indicado que se deberá aplicar “con la figura jurídica oportuna en un plazo no superior a tres meses”.

“Una vez que se lleve a cabo la misma, se abrirá en el seno de la Conferencia Sectorial de Infancia un debate más sosegado sobre los coeficientes que se tendrán que aplicar en el futuro para asegurar la equidad al asignar responsabilidades según factores objetivos, permitiendo que cada territorio asuma la carga proporcional a sus capacidades económicas, sociales y humanas”, han añadido.

Otras reclamaciones

En línea con las reclamaciones que Pradales ya llevó a La Moncloa a finales del pasado mes, el documento presentado por Euskadi y Canarias incluye otras demandas, como la elaboración de un ‘Plan Estratégico de Migración’ que, como mínimo, incluya cuatro apartados: planificación, previsión de diferentes escenarios, indicadores de evaluación y memoria económica real.

Por otro lado, debido al cierre de la frontera por parte de Francia, ratificado por última vez el pasado 1 de noviembre, el Gobierno vasco ha solicitado que Euskadi sea considerada “frontera norte”, ya que padece “una gran presión” y necesita “una mayor dotación económica para atender con dignidad a las personas en tránsito”.

Cooperación en origen

Asimismo, Pradales y Clavijo han propuesto reforzar la “cooperación con los países de origen, explorando las posibilidades que abre el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 y el nuevo reglamento de extranjería, para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en su país de origen, y también promover tránsitos ordenados, mediante la migración circular”.

En esta línea, las dos comunidades han propuesta “establecer mecanismos para el intercambio de información, experiencias, proyectos piloto en curso, y buenas prácticas relativas a la formación en las capacidades necesarias para el acceso al empleo”. 

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