asegura que el cambio de modelo es una casualidad

El fundador y consejero delegado de Glovo, Oscar Pierre, ha declarado este martes en un juzgado de Barcelona y ha asegurado que la decisión de la empresa de hacer contratos laborales a sus repartidores tiene como objetivo «evitar discusiones en los tribunales y con la Inspección de Trabajo», aunque considera que su modelo actual es legal. Asimismo, ha desvinculado esta decisión de su estrategia de defensa.

Pierre ha declarado como imputado ante la titular del juzgado de instrucción número 31 de Barcelona que investiga la denuncia que la Fiscalía de Delitos Económicos presentó contra él por un delito contra los derechos de los trabajadores, por mantener a sus repartidores como autónomos.

La compañía anunció un día antes de la declaración que cambia de modelo laboral y que contratará como asalariados a sus repartidores.

Respondiendo a las preguntas de su abogado, Pierre ha insistido en que el anuncio del cambio de modelo laboral de Glovo es una «coincidencia», y ha justificado que busca la «paz social» y evitar seguir teniendo litigios con Inspección de Trabajo y con los tribunales, después de recibir múltiples sanciones por emplear a los «riders» como falsos autónomos.

Sin embargo, está convencido de la legalidad de su sistema actual de contrataciones. Ha argumentado ante la jueza que Glovo ha ido modificando el modelo de contratación de los repartidores para adaptarlo a las resoluciones judiciales y laborales, así como a la normativa vigente.    Según el comunicado remitido por su defensa a los medios, Pierre ha explicado que, cuando la compañía se constituyó en 2014, la Inspección de Trabajo no puso objeciones a su relación de autónomos con los repartidores y que fue en 2018 cuando la Inspección «cambió de criterio e instó a la compañía a laboralizar a sus repartidores». Este proceso culminó con una sentencia del Tribunal Supremo.

En consecuencia, Pierre ha insistido en que la denuncia de Fiscalía se fundamenta en «resoluciones de las primeras inspecciones laborales, que fueron atendidas por Glovo y dieron lugar a sucesivos cambios de modelo» en la contratación para adaptarlos al criterio de la Inspección.

El sindicato CGT se ha personado como acusación particular en este proceso iniciado por la Fiscalía «con el objetivo de poner fin a las prácticas abusivas y fraudulentas que atentan contra la dignidad y los derechos laborales». Pierre se ha negado a contestar a las preguntas de su abogado en la sesión de este martes.

Las centrales sindicales se han mostrado cautas y los trabajadores siguen con dudas sobre su futuro.

El Gobierno español aprobó en 2021 la ley rider que obligaba a las plataformas digitales a contratar a los repartidores bajo la condición de asalariados.