El Gobierno salva su reforma fiscal al mantener Junts y PNV sus apoyos pero queda derogado el impuesto energético

La reforma fiscal del Gobierno llegó al final de su tortuoso camino magullada y habiendo provocado serias heridas en la relación del Ejecutivo con sus socios, pero viva al fin y al cabo. El Congreso dio este jueves su aprobación definitiva a la entrada en vigor del paquete tributario, y lo hizo con los votos de todos los aliados del Ejecutivo, entre ellos Junts y PNV, además de ERC, EH Bildu, Podemos y BNG. Eso sí: los nacionalistas catalanes y vascos de derechas sumaron sus votos a PP y Vox para suprimir el actual gravamen a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, una medida con escaso impacto inmediato, pero que dificulta aún más al Gobierno cumplir la promesa que hizo a sus aliados de izquierdas de convertir este impuesto en definitivo.

La votación de este jueves pone punto y final a la accidentada tramitación de un paquete fiscal en el que los vetos y exigencias cruzadas de los socios de izquierdas y derechas del Gobierno llegaron a poner en riesgo incluso la propuesta original, la transposición obligatoria de una directiva europea para gravar con un tipo de al menos un 15% en el impuesto de sociedades a las empresas multinacionales en toda la UE. Finalmente esa medida, junto a todo el resto de las acordadas por el Ejecutivo y sus aliados, salieron adelante, aunque con el añadido de PP, Junts y PNV relativo al impuesto energético.

Este cambio de última hora con respecto a ese gravamen deja un sabor agridulce al Gobierno, dado que, en el trámite final, PNV y Junts han dado la espalda a Pedro Sánchez en un área tan sensible como el impuesto energético, y además lo han hecho apoyando un cambio introducido por el grupo principal de la oposición.

Para el PP supone un éxito político, dado que contaban con que todos los cambios que habían introducido con su mayoría absoluta en el Senado serían levatados por la mayoría progresista en el Congreso. No obstante, si bien ha sido así con casi todas las propuestas, los populares han logrado que los posconvergentes y peneuvistas se alineen con ellos en el impuesto a las energéticas.

Por el contrario, la ley aprobada este jueves sí incluye la prórroga durante todo el año 2025 del impuesto a los beneficios extraordinarios de la banca. En este asunto, Junts no ha puesto problemas y el PNV ha aceptado la extensión del gravamen a cambio de que el Gobierno ceda la gestión del tributo a las comunidades autónomas, lo cual le permitirá diluir su alcance en el País Vasco. Lo pactado, además, es que la recaudación obtenida por este gravamen se distribuya a las autonomías en función de su peso económico.