La saga legal de Ángel del Villar podría sentar un precedente en la música latina. El CEO de la influyente disquera de música regional mexicana Del Records está acusado de hacer negocios con un promotor de conciertos vinculado a carteles de drogas mexicanos.
El juicio en curso contra Del Villar comenzó el 18 de marzo en un tribunal federal en el centro de Los Ángeles y le sigue a una denuncia penal de 2022 en la que se acusó a Del Villar, entre otros, de conspirar para violar la Ley Kingpin, o Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico. Aprobada en 1999, la Ley Kingpin permite a Estados Unidos imponer sanciones específicas a individuos extranjeros involucrados en el tráfico ilegal de drogas y prohíbe a los residentes de Estados Unidos hacer negocios con ellos.
En sus declaraciones de apertura, los abogados de Del Villar argumentaron que el ejecutivo de la música latina fue supuestamente “manipulado” por un exempleado de Del Records que “convenció” a Del Villar de que “todo” lo que la compañía estaba haciendo era “legalmente aceptable”, reportó Rolling Stone.
“Hay algo profundamente erróneo y manipulador sobre cómo se creó e investigó este caso”, dijo la abogada defensora de Del Villar, Marissa Goldberg. “Los que realmente crearon este crimen, quienes lo fabricaron, no están sentados como acusados, lo cual es aún más profundamente erróneo”.
Un momento clave durante el juicio hasta ahora fue cuando el astro de los corridos Gerardo Ortiz subió al estrado el 19 de marzo para testificar contra Del Villar. Ortiz ya se había declarado culpable de un cargo de conspiración por hacer negocios con el promotor de conciertos Jesús “Chucho” Pérez Alvear, vinculado al caso.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos agregó a Pérez a la lista de sanciones en 2018, alegando que él y su empresa habían ayudado a los carteles a “explotar la industria musical mexicana para lavar ganancias del narcotráfico y glorificar sus actividades criminales”. Ortiz testificó que había actuado en la Feria de San Marcos en Aguascalientes, México, en abril de 2018, promovida por Pérez Alvear, incluso después de que éste había sido designado bajo la Ley Kingpin, razón por la cual también fue acusado en el caso.
Del Villar fundó Del Records en 2008 y desde entonces la disquera ha impulsado el movimiento de la música mexicana. De ser declarado culpable de violar la ley, Del Villar enfrentaría una sentencia máxima de 30 años de prisión. A continuación, una cronología de la saga legal de Del Villar:
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22 de mayo de 2020
Agentes del FBI llegaron en mayo de 2020 a la sede de Del Records en Bell Gardens, California, donde se ejecutó una orden de registro federal. “El FBI ejecutó múltiples órdenes de registro hoy, una de las ubicaciones fue Del Records”, dijo Laura Eimiller, coordinadora de medios y portavoz del FBI, en un comunicado. Una orden de registro generalmente se realiza en las primeras etapas de una investigación en curso basada en acusaciones de actividad criminal, agregó Eimiller. En ese momento, no se habían emitido órdenes de arresto.
En respuesta a la orden de registro, Del Records dijo en un comunicado que el FBI “se llevó una serie de materiales que entendemos están relacionados con la investigación del FBI sobre nuestro exartista Gerardo Ortiz. Hasta donde sabemos, Del Records no es objeto de la investigación, sino simplemente una fuente de información para la investigación del FBI sobre el Sr. Ortiz. Hemos cooperado plenamente con el FBI y continuaremos haciéndolo”.
Por otro lado, Ortiz, quien firmó con Del Records en 2009 y también fue representado por Del Villar, dijo lo siguiente sobre la orden de registro: “Hoy nos enteramos de que las oficinas de Del Records y Del Entertainment Inc. fueron registradas por el FBI, así como el hogar de su propietario, José Ángel del Villar, en virtud de una orden de registro emitida por el gobierno federal. Gerardo Ortiz actualmente tiene una demanda pendiente ante la Corte Superior de Los Ángeles y la Comisión Laboral de California contra las empresas Del por presunta conducta fraudulenta, incumplimiento de deber fiduciario, incumplimiento de contrato y violación de la Ley de Agencias de Talento por estafar al Sr. Ortiz con decenas de millones de dólares. Hasta donde sabemos, el registro del FBI en las oficinas de Del Records y la casa del Sr. Del Villar no involucra al Sr. Ortiz”.
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14 de junio de 2022
Dos años después de que se llevó a cabo la orden de allanamiento federal en la sede de Del Records en California, Del Villar fue arrestado por agentes del FBI y acusado de “conspirar para violar la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico”, según un comunicado oficial emitido por la fiscalía federal. Luca Scalisi, director financiero de DEL Entertainment, también fue arrestado.
Según el fiscal federal de los Estados Unidos, Del Villar y Scalisi fueron acusados de “realizar negocios con un promotor de conciertos con sede en Guadalajara vinculado a los cárteles de droga mexicanos”. Un tercer acusado mencionado en la denuncia es el promotor de música mexicana Jesús “Chucho” Pérez Alvear, quien lideraba Gallística Diamante (Ticket Premier) y hasta marzo de 2019 promovía conciertos en México para DEL Entertainment. Pérez Alvear fue asesinado en México en 2024.
Pérez y Gallística Diamante figuran como “Narcotraficantes Especialmente Designados” bajo la Ley Kingpin, “lo que impide que personas en los Estados Unidos realicen negocios con las dos entidades”, según la información publicada por el Departamento de Justicia.
Del Villar y Scalisi comparecieron el 14 de junio en el Tribunal Federal de Distrito en el centro de Los Ángeles, donde se ordenó la liberación de Del Villar bajo una fianza de 100.000 dólares y la liberación de Scalisi bajo una fianza de 35.000 dólares.
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14 de junio de 2024
Dos años después de ser acusado de violar una ley federal que prohíbe a los residentes estadounidenses hacer negocios con conocidos narcotraficantes, Del Villar solicitó a un juez federal la desestimación de los cargos, argumentando que la acusación es injustamente vaga y presagia un posible golpe bajo por parte de la fiscalía. Los abogados de Del Villar afirmaron que la acusación no especificaba claramente qué aspectos de esa ley federal presuntamente violó, lo que le impedía preparar adecuadamente su defensa. Sin embargo, la fiscalía afirmó que concertó repetidamente conciertos con el promotor Pérez Alvear, a quien el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en la lista de sanciones en 2018.
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18 de marzo de 2025
Tras numerosas postergaciones del caso, el juicio penal de Del Villar comenzó con sus alegatos iniciales en un tribunal federal de Los Ángeles el 18 de marzo. Sus abogados argumentaron que fue presuntamente “manipulado” por el exempleado de Del Records Brian Gutiérrez, quien lo “convenció” de que “todo” lo que hacía la compañía era “legalmente aceptable”, reportó Rolling Stone.
El juicio se produce tras una denuncia penal de 2022 que acusó a Del Villar, entre otros, de conspirar para violar la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, o Ley Kingpin. Aprobada en 1999, la ley permite a Estados Unidos imponer sanciones específicas a personas extranjeras involucradas en el tráfico ilegal de drogas y prohibir a los residentes estadounidenses hacer negocios con ellas. De ser declarado culpable de violar la ley, Del Villar enfrentaría a una pena máxima de 30 años de prisión.
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19 de marzo de 2025
Gerardo Ortiz subió al estrado el miércoles (19 de marzo) para testificar contra Del Villar. Ortiz previamente se había declarado culpable de un cargo de conspiración por hacer negocios con el promotor de conciertos vinculado al caso, según los fiscales.
De acuerdo con la denuncia penal de 2022, el 19 de abril de 2018 agentes del FBI abordaron a Ortiz en Phoenix para informarle sobre la designación de Pérez Alvear bajo la Ley Kingpin. El promotor de conciertos mexicano Pérez Alvear dirigía una empresa llamada Gallística Diamante (Ticket Premier) y, hasta marzo de 2019, promovía conciertos en México para DEL Entertainment.
Ortiz le dijo al jurado que vio a Pérez Alvear con Del Villar en la oficina de Del Records en Los Ángeles dos o tres veces, según Univision Noticias. Agregó que Pérez Alvear estaba en la oficina para contratar bandas y artistas para que se presentaran en sus espectáculos en México. Ortiz también confesó que había actuado en la Feria de San Marcos en Aguascalientes, México, en abril de 2018, promovida por Pérez Alvear, incluso después de que este había sido designado bajo la Ley Kingpin.
El abogado de Ortiz, Mark Werksman, envió un comunicado a Billboard enfatizando que Ortiz no se declaró específicamente culpable “de conspirar con o hacer negocios con cárteles de drogas mexicanos, ni está cooperando contra los cárteles. El Sr. Ortiz es un testigo en este juicio y ha testificado con la verdad sobre sus presentaciones en conciertos en México en nombre de promotores con quienes la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha prohibido a los estadounidenses realizar negocios”.
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