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Estitxu T. Garcia, galdakoztarra, escribía el siguiente texto en redes sociales:
«La noche del miércoles en galdakao falleció en la calle una mujer de menos de 60 años. Para cuando llegó la asistencia médica llevaba 25 minutos de espera, 15 de ellos en parada con maniobra RCP. Ante la larga espera llamé a municipales que llegaron rapidísimo, y desde aquí mi agradecimiento por sus intentos de salvarle la vida. MI QUEJA: todo el territorio cuenta con espacios cardioprotegidos, podemos encontrar desfibriladores automáticos en comercios, polideportivos, hostelería, metro… no hace falta ser personal sanitario para su uso ya que la máquina lo hace todo, es automática. Puesto que la policia suele ser, en la mayoría de los casos, la primera en llegar, POR FAVOR, AYUNTAMIENTO, DOTE A NUESTRA POLICÍA CON DEA. La policía municipal deBilbao tiene 8 desfibriladores en sus coches patrulla, uno por distrito, y con ellos ya han salvado 3 vidas. Sugerencia interpuesta por canales oficiales, pero si algún responsable lo lee, espero se acelera dicha petición.Añado que quizás el desenlace no hubiera sido distinto, pero al menos le hubiéramos dado a esta mujer más oportunidades de salir adelante».
Estitxu pide que las instituciones hagan caso del requerimiento. La respuesta de la ciudadanía ha sido inmediata.

La muerte súbita es el fallecimiento inesperado y repentino de una persona “aparentemente sana, que 24 horas antes del evento cardiaco se encontraba bien”, explica el doctor Ignacio Fernández Lozano, responsable del proyecto SEC-PRC de la Sociedad Española de Cardiología (SEC). Su principal causa es la fibrilación auricular, una arritmia cardiaca maligna que produce la pérdida de latido efectivo y que provoca que el corazón se pare en pocos minutos.
El inicio de la actuación en los primeros ocho minutos desde la aparición de la parada cardiaca es vital para recuperar al paciente, ya que “cada minuto que pasa conlleva un 10 % menos de probabilidad de supervivencia, cuando no existe intervención alguna”, apunta el doctor. Por eso, hacer las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y usar un desfibrilador resultan clave para mejorar la supervivencia.
En 2009, el Ministerio de Sanidad y Consumo estableció por primera vez (Real Decreto 365/2009) las condiciones y requisitos mínimos de seguridad y calidad en la utilización de desfibriladores automáticos y semiautomáticos externos fuera del ámbito sanitario. Desde entonces, todas las comunidades autónomas han desarrollado su propia legislación, lo que ha dado lugar a un mapa heterogéneo al abordar la cardioprotección en nuestro país.
¿Dónde instalar, pues, los desfibriladores automáticos? Hay diez comunidades autónomas que siguen la normativa nacional, donde la instalación de estos dispositivos es solo una recomendación: Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León, Aragón, Cantabria, La Rioja, Murcia, Ceuta y Melilla. Las otras siete (Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña, Comunidad de Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana) consideran obligatoria su instalación en diferentes espacios públicos o privados que varían en función de cada región.
“Se deberían instalar DEA en los autobuses urbanos, las plazas públicas de las ciudades y en sus lugares más concurridos”
Además, cada comunidad establece distintos parámetros que determinan dónde deberán localizarse estos dispositivos, “como la afluencia de personas en diferentes lugares, los metros cuadrados o el número de habitantes de la región, entre otros aspectos”, indica el experto en cardioprotección. Por ejemplo, hay algunas comunidades, como Andalucía o Canarias, donde la localización de los DEA es obligatoria en instalaciones de transporte (aeropuertos, estaciones de autobús o ferrocarril) donde la población supere los 50.000 habitantes. En otras regiones, como Aragón, lo que se recomienda es disponer de un desfibrilador en las terminales de transporte internacional o nacional con un tránsito de más de 1.000 personas.

Cada vez hay más desfibriladores, pero son insuficientes para asegurar la protección cardiaca de los ciudadanos. Como expone Fernández Lozano, el informe ‘Muerte súbita y cardioprotección en España’ presentado el pasado año recoge una serie de propuestas de actuación, entre las que destacan las siguientes:
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