El plan del Gobierno vasco para paliar la falta de médicos choca con Sanidad

El Gobierno vasco y el Ministerio de Sanidad chocan en relación con las medidas a adoptar para paliar la falta de médicos, que al menos hasta el 2030 se prevé muy problemática. El Ejecutivo de Imanol Pradales ha trasladado una nueva propuesta estos días: reducir de cuatro a tres los años de especialización para médicos de familia (recuperando después ese año), a fin de duplicar el número de nuevos profesionales en cuatro años. Y la respuesta del ministerio ha sido negativa. “Ni hacen ni nos dejan hacer”, cuestionan desde el Gobierno vasco.

En concreto, el Ejecutivo vasco plantea que la especialización de familia, de manera transitoria –durante cinco años–, “reduzca su duración a tres años, de forma que luego estos profesionales, en cuatro o cinco años, puedan recuperar un año de formación”. Según indican, se trata de un planteamiento que tiene sentido en el contexto europeo: “Cualquier médico que se forme en Francia, cuando acaba su carrera, sin tener que estudiar un año el mir, en tres años es especialista en médico de familia. El nuestro es un planteamiento de tres más uno”.

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Fuentes del Ministerio de Sanidad, sin embargo, ven “incompatible” poner en valor la atención primaria con “querer reducir la duración de su formación”, y consideran que la solución pasa por hacer más atractiva la especialidad, mejorando condiciones y desarrollando otras categorías a fin de evitar “que la mayoría de las cosas pasen por el médico”.

La negativa a esta propuesta llega después de que el Tribunal Supremo anulase, el pasado viernes, el real decreto que transfería al País Vasco la competencia sobre la homologación y equivalencia de títulos extranjeros. El Gobierno vasco confiaba en que esa vía, primero suspendida cautelarmente y después anulada, pudiera haber servido para agilizar en los próximos años la entrada en el Servicio Vasco de Salud de varios centenares de médicos de origen extranjero, de manera que la sentencia ha caído como una losa.

El ministerio sí se ha abierto a estudiar el retraso voluntario de la jubilación hasta los 72 años para profesionales de atención primaria, otra de las propuestas del Gobierno vasco. En concreto, se está debatiendo en la elaboración del Estatuto Marco que Sanidad está negociando con Función Pública y los sindicatos.

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Además, el Gobierno vasco reclama más plazas de formación especializada o facilitar el acceso de los médicos residentes de cuarto año a la atención primaria, cuestiones a las que, desde el ministerio, responden apelando a la necesidad de blindar el proceso de formación. “Sanidad no niega ni una sola plaza, pero la comunidad, si quiere más plazas, debe acreditar más centros docentes en los que puedan ejercer y aprender de la mano de tutores. El ministerio no puede mandar a un mir de atención primaria a un centro en el que va a estar solo”, explican. Desde el Ejecutivo vasco, mientras, denuncian que el sistema de acreditación de centros, competencia que ya han reclamado, “es excesivamente rígido y funciona con una dilación de dos años”.

El Gobierno vasco considera que la situación es “excepcional” e insiste en que por eso plantea “medidas que van a ser arriesgadas, valientes”, al tiempo que cuestiona la “falta de ideas y propuestas” del ministerio en un momento en el que el déficit de médicos “es un problema casi ya crítico”. “Esta situación está gene­rando un profundo malestar en la ciudadanía, que no acaba de comprender por qué nos es tan difícil encontrar profesionales. Entendemos ese malestar”, ha señalado Alberto Martínez, consejero vasco de Salud.

La cuestión tiene una derivada política relevante. En los últimos años, la sanidad pública, durante décadas la joya de la corona del autogobierno vasco, se ha colado entre las principales preocupaciones mencionadas por la ciudadanía en los sucesivos estudios de opinión. El Gobierno del lehendakari Pradales se diseñó para salir al choque de esta y otras cuestiones relacionadas con la gestión pública. Es ahí donde se la juega. Pero, en el ámbito de la salud, donde la falta de profesionales es, según el Gobierno vasco, el principal problema, no encuentra una vía de solución.

El posible recurso al Constitucional

El Gobierno central y el Ejecutivo de Imanol Pradales preparan una respuesta conjunta tras la decisión del Tribunal Supremo de anular la transferencia a Euskadi de la homologación de los títulos universitarios extranjeros. De momento, no se ha decidido si habrá recurso ante el Constitucional, y desde ambos ejecutivos, se ha trasladado su disposición a “buscar soluciones consensuadas entre ambos”. Mientras, el lehendakari mostró ayer el enfado de su Gabinete: “Es la primera vez en la historia del autogobierno vasco en la que conocemos una sentencia que afecta directamente a una transferencia que ya había sido pactada y, por lo tanto, se había convertido en competencia del propio Gobierno vasco, que, después de una sentencia del Supremo, es erosionada”. Este enfado tiene que ver con que su Ejecutivo contaba con esa vía para paliar, en parte, la falta de sanitarios.